Un tribunal federal de apelaciones mantuvo el martes en vigor la orden judicial preliminar de un tribunal de distrito sobre la ley de Florida que prohíbe la instrucción «despertar» en las universidades públicas.

Un fallo de 2 a 1 del panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos consideró que la afirmación de Florida de que podía controlar el discurso de sus empleados, incluidos los profesores universitarios, era “una impresionante afirmación de poder para prohibir ideas impopulares del discurso público en los mismos lugares que los propios estatutos del estado reconocen como centros de investigación”.

La jueza Britt Grant, designada por el presidente Donald Trump, redactó la opinión y estuvo acompañada por el juez Charles Wilson, designado por el presidente Bill Clinton.

“Florida busca despojar a los profesores de las universidades públicas (y, por extensión, a sus estudiantes) de la capacidad de comprometerse plenamente con ideas que, para bien o para mal, son muy populares en algunos círculos académicos”, escribió Grant. «El Estado nos pide que consideremos sus normas como un medio para combatir la discriminación. Pero escuchar una idea con la que no estás de acuerdo no es discriminación; es una oportunidad para tener una idea mejor, o tal vez incluso cambiar de opinión».

El caso fue presentado por un grupo de profesores universitarios y respaldado por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Florida.

“Estamos encantados de que el tribunal haya detenido la eliminación de temas que tienen implicaciones reales para nuestros estudiantes, permitiéndoles aprender, discutir y desarrollar herramientas para combatir el complejo tema del racismo en nuestro país sin ser amordazados por aquellos que dictarían que sólo se puede promover el pensamiento aprobado por el estado”, dijo LeRoy Pernell, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Florida A&M y uno de los instructores que presentó la demanda, en un comunicado emitido.

El fallo impide que Florida haga cumplir parte de la “Ley Stop Wrongs to Our Kids and Employees (WOKE)” aprobada por la Legislatura y firmada por el gobernador Ron DeSantis en 2022.

DeSantis impulsó la ley como baluarte contra el “adoctrinamiento” en las aulas universitarias. Prohíbe a los profesores respaldar preceptos de la teoría crítica de la raza, incluidos ocho principios específicos.

Por ejemplo, la ley prohíbe la instrucción que haga que los estudiantes “sientan culpa, angustia u otras formas de angustia psicológica debido a acciones, en las que la persona no participó, cometidas en el pasado por otros miembros de la misma raza, color, origen nacional o sexo”.

Los partidarios de la ley dijeron que buscaban detener las enseñanzas que apoyaban la discriminación racial, mientras que los opositores en la Legislatura, en su mayoría demócratas, sostuvieron que en realidad era un intento de sofocar la enseñanza sincera sobre los horrores raciales históricos en los Estados Unidos, incluida la esclavitud y la era de Jim Crow.

Otras partes de la ley buscaban prohibir la capacitación en el lugar de trabajo en las empresas en relación con cuestiones raciales, de género y de orientación sexual, pero esas disposiciones han sido anuladas por los tribunales federales.

La jueza Barbara Lagoa, también designada por Trump, escribió una disidencia argumentando que el estado tenía derecho a restringir el discurso de los profesores en el aula.

«Para ser claros, la Primera Enmienda protege todos los puntos de vista en el ámbito público, ya sean convencionales o controvertidos. Pero no obliga a todos los puntos de vista a ser dignos de respaldo estatal», escribió Lagoa. «No necesitamos estar de acuerdo o en desacuerdo con Florida en que los puntos de vista en cuestión aquí constituyen discriminación racial; sólo necesitamos reconocer que el Estado puede decidir lo que respaldan sus profesores en sus propias aulas».

Antes de que Lagoa fuera nombrada miembro del Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos, formó parte de la Corte Suprema de Florida como designada por DeSantis.

En su decisión, Grant afirmó que estaba de acuerdo en que los tribunales no deberían elegir el contenido de las aulas universitarias, pero argumentó que deben intervenir cuando el gobierno restringe indebidamente la expresión.

«Compartimos la opinión disidente de que los tribunales federales no controlan el plan de estudios, pero sí controlan la Primera Enmienda», escribió Grant. “Y si algo nos dice la historia de esa Enmienda es que el gobierno no puede prohibir lo que percibe como herejía”.
El post Tribunal federal detiene la ley de Florida que prohíbe la instrucción «despertar» en las universidades apareció por primera vez en Jacksonville Today.