Un juez federal ordenó al gobierno de Estados Unidos traer de regreso de inmediato a Adriana María Quiroz Zapata, una mujer colombiana de 55 años que fue deportada ilegalmente a la República Democrática del Congo, en un caso que ya provoca fuertes críticas internacionales contra la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump.
El magistrado Richard Leon concluyó que el gobierno estadounidense violó la ley federal al expulsarla hacia un tercer país africano que oficialmente había rechazado recibirla debido a sus graves condiciones médicas.
Adriana Quiroz tenía protección legal en Estados Unidos desde 2025, cuando un juez de inmigración determinó que no podía ser enviada de regreso a Colombia porque huyó tras sufrir tortura y amenazas de muerte por parte de su expareja, un miembro de la Policía Nacional colombiana.
Según documentos judiciales, el propio Ministerio del Interior del Congo notificó por escrito a Washington que no aceptaría a la migrante debido a que padece diabetes severa y trastornos de tiroides, enfermedades que el sistema de salud congoleño no podía atender adecuadamente.
A pesar de esa negativa oficial, autoridades migratorias estadounidenses la subieron a un avión y la enviaron a Kinshasa, capital del Congo. La ley federal prohíbe deportar migrantes a terceros países sin aceptación formal previa.
El caso además destapó una polémica estrategia migratoria de deportaciones hacia países africanos financiada por Washington.
Adriana formaba parte de un grupo de 15 migrantes sudamericanos —incluyendo colombianos, ecuatorianos y peruanos— trasladados simultáneamente hacia África bajo acuerdos millonarios con varios gobiernos africanos.
Muchos de los expulsados tenían órdenes judiciales de protección que impedían legalmente su regreso a sus países por amenazas de carteles, guerrillas o persecución política. Entre ellos se encuentra el colombiano Jorge Andrés Cubillos, separado de su esposa y cuatro hijos en Florida.
Investigaciones revelan que Estados Unidos habría destinado cerca de 40 millones de dólares para negociar con países como Congo, Ghana, Camerún, Guinea Ecuatorial, Sudán del Sur y Eswatini, pagando aproximadamente 130 mil dólares por cada migrante deportado para que sean alojados temporalmente.
Los deportados denunciaron además condiciones extremas durante el traslado, asegurando que viajaron encadenados de manos y pies durante más de 24 horas, sin vacunas requeridas para la región africana y bajo presiones psicológicas para firmar retornos “voluntarios” hacia países donde temen por sus vidas.
El fallo judicial ahora obliga al gobierno estadounidense a coordinar el retorno inmediato de Adriana Quiroz mientras continúa creciendo el debate nacional sobre las deportaciones a terceros países. #Inmigración #Trump #Notijax
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