La Autoridad de Vivienda de Jacksonville podría convertirse en una de las primeras en el país en exigir que los inquilinos tengan trabajo o pierdan sus beneficios de vivienda después de dos años.

La Autoridad de Vivienda está notificando a los residentes sobre el requisito ahora, a pesar de que se enmarca en una política federal voluntaria que ni siquiera ha entrado en vigor todavía y podría enfrentar desafíos en los tribunales.

Cheron Corbett, director ejecutivo de la Autoridad de Vivienda, dice que el cambio es un comienzo en el camino hacia la “autosuficiencia” para los más vulnerables de la ciudad. Pero los críticos dicen que es otro ejemplo del continuo ataque del gobierno federal a los pobres.

Corbett, quien llegó a la ciudad en 2025 después de ocupar un puesto directivo en agencias de vivienda del área de Chicago, se negó a hablar con Jacksonville Today. Pero dijo en una reunión este mes que “la mayoría de las autoridades de vivienda” del país tienen requisitos de trabajo de 40 horas semanales.

Puede que esté equivocada. La administración Trump dice que menos del 1% de las autoridades de vivienda tienen requisitos laborales, y mucho menos estipulaciones de tiempo completo. Pero la nueva norma federal podría cambiar eso.

La regla de la vivienda

La norma, publicada en febrero, permite a las autoridades de vivienda imponer un requisito de trabajo de hasta 40 horas semanales y un límite de beneficios de dos años. Actualmente, Jacksonville requiere ocho horas de servicio comunitario para los residentes no exentos de sus aproximadamente 2,300 unidades de vivienda. La asistencia continúa indefinidamente para 7.000 titulares de vales. 

La nueva política de JHA no llega a exigir 40 horas. Dice que todos los beneficiarios de ayuda entre 18 y 61 años que no cumplan con las exenciones de edad, discapacidad o cuidado de alguien con una discapacidad deben trabajar al menos 30 horas por semana. Cincuenta y cuatro por ciento de los beneficiarios de asistencia social capaces ya declaran ingresos salariales. 

El mandato no sería sólo para los residentes de viviendas públicas, sino también para los beneficiarios de vales, quienes alquilan casas privadas a propietarios y el subsidio cubre parte de su alquiler.

La nueva regla equivaldría a un cambio para el 90% de las personas que reciben asistencia pública, según Erik Gartland, analista de investigación del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, un instituto de políticas e investigación no partidista. Los investigadores estiman que alrededor de 150.000 personas en Florida podrían estar en riesgo de quedarse sin hogar.

Pero Gartland enfatizó que los cambios son inciertos porque la regla aún no está en vigor luego del cierre de un período de comentarios requerido en mayo. El cronograma para finalizar la regla no está claro, pero la iniciativa podría enfrentar desafíos legales porque el Congreso ha rechazado requisitos laborales en el pasado.

«Esta es la primera vez que escucho sobre el cumplimiento preventivo de una regla que ni siquiera ha sido finalizada», dijo Gartland. «Sospechábamos que eso sucedería en áreas donde ya querían implementar estas restricciones pero no tenían la autoridad para hacerlo».

Las preguntas de un inquilino

Jacksonville está informando a los residentes sobre los cambios provisionales a través de reuniones públicas en varias propiedades. Pero los detalles están cambiando. En un correo electrónico obtenido por Jacksonville Today, JHA recuerda a los residentes de The Oaks at Durkeeville una reunión de participación comunitaria el 12 de junio donde se discutirá un “límite de plazo de subsidio propuesto de 2 años por HUD”. 

Fue este posible límite de mandato lo que llevó a una persona que asistió a la reunión a comunicarse con JHA para preguntar si los inquilinos que trabajaban podían apelar. La persona pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias.

El asistente dijo que un representante de JHA explicó que la política real de la autoridad es trabajar a tiempo completo o un límite de mandato de dos años. Pero la política publicada por la agencia no menciona expresamente límites de mandato. 

Resulta que la confusión es opcional: la regla de HUD es voluntaria. Ninguna o todas las restricciones pueden ser implementadas por las autoridades de vivienda pública y los propietarios que trabajan con esas agencias, que se conocen como PHA.

«En todos los casos, las PHA y los propietarios podrían establecer uno o ambos requisitos de trabajo y límites de mandato. Las PHA y los propietarios tampoco pueden implementar ninguno de los requisitos», dice la regla.

El debate sobre las reglas de trabajo

Los defensores dicen que los requisitos en torno al trabajo y la ocupación son ampliamente beneficiosos y ayudarán a más personas, señalando la multitud de solicitantes que buscan ayuda. La lista de espera de la Sección 8 de Jacksonville se cerró en 2023 debido a la demanda. 

Algunas agencias de vivienda, como la Autoridad de Vivienda del Estado de Delaware, también han informado de éxito en lo que respecta a iniciativas como la limitación de mandatos.

Korey Lundin, abogado principal del Proyecto Nacional de Ley de Vivienda, dijo que la regla del HUD no está escrita para replicar el éxito. Delaware, utilizando un límite más liberal de siete años en lugar de dos, también exigió cuentas de ahorro para los clientes. Es ese tipo de matiz lo que falta en la propuesta de HUD, dijo Lundin. 

“Esos son programas que no son tan estrictos como esta regla, que han invertido toneladas de dinero en servicios de apoyo reales, y ninguno de ellos hace nada parecido a un requisito de trabajo de 40 horas a la semana o límites de tiempo de dos años”, dijo Lundin. 

La política de JHA, además de exigir a la autoridad que haga cumplir sus requisitos laborales y proporcione una orientación clara, sólo ofrece «referencias a recursos de empleo/capacitación» como apoyo. Lundin describió tales esfuerzos como “marcar una casilla” sin ofrecer ayuda real. 

La regla también permite a los propietarios privados establecer sus propias políticas en torno al trabajo y la ocupación, lo que, según Lundin, podría abrir la puerta a la discriminación. Según la norma, un propietario que administre viviendas subsidiadas de propiedad privada podría tomar represalias contra los inquilinos que se quejen obligándolos a irse después de dos años.

El objetivo, dijo Lundin, es el “ataque continuo” de la administración Trump contra personas de menores recursos y la disminución de agencias, como la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, destinadas a servirles. 

«La regla propuesta está en línea con lo que quiere la administración en su conjunto: reducir el número de personas pobres que reciben beneficios del gobierno; aumentar los beneficios para las personas que no son pobres», dijo Lundin.

JHA ha informado a la gente sobre los cambios a través de reuniones en torno a su plan propuesto para 2027. La próxima reunión está programada para las 11 a.m. del sábado en Fairway Oaks, 5570 Golfbrook Drive en Jacksonville.
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