Este histórico movimiento de la justicia norteamericana llega en el momento más vulnerable y dramático de la historia republicana de Cuba. Apenas una semana antes de desclasificarse este dictamen judicial, el pasado 13 de mayo de 2026, el régimen de la isla declaró oficialmente el estado de quiebra energética total por desabastecimiento absoluto de petróleo y diésel, lo que provocó el colapso masivo de su red eléctrica nacional, la parálisis de hospitales y el cierre indefinido de escuelas.
Este colapso no es aislado. La reciente captura militar efectuada por fuerzas especiales estadounidenses contra Nicolás Maduro a principios de este año cortó de raíz el suministro de crudo subsidiado que Caracas enviaba como oxígeno financiero a La Habana.
Expertos en geopolítica señalan que este golpe judicial contra Raúl Castro y la detención de su piloto en Jacksonville representan una estrategia de máxima presión criminal por parte de la administración del presidente Donald Trump, inhabilitando cualquier tipo de puente diplomático o alivio económico y forzando el desenlace del régimen castrista por la vía penal internacional.
Dado que Cuba no tiene tratado de extradición con Estados Unidos, Raúl Castro probablemente jamás enfrente físicamente un tribunal estadounidense, pero González-Pardo podría pasar el resto de su vida dentro de una prisión federal.
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