WASHINGTON, D.C. — El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha publicado una propuesta en el Registro Federal que promete endurecer de manera drástica las consecuencias financieras para los inmigrantes indocumentados. El plan estipula elevar la multa civil de $5,130 a una histórica cifra de $18,000 dólares para aquellos extranjeros que reciban una orden de deportación in absentia (es decir, aquellos que son ordenados a ser expulsados del país por no presentarse a sus audiencias ante un juez de inmigración).

La estrategia detrás del golpe al bolsillo: «Auto-deportación»

De acuerdo con las autoridades del DHS, el objetivo de esta masiva penalidad económica (que además se ajustará anualmente según la inflación) tiene dos propósitos principales:

1. Recaudar fondos para financiar los enormes gastos operativos que representan los vuelos y la logística de las deportaciones masivas.
2. Presionar e incentivar la «auto-deportación» o salida voluntaria de los inmigrantes indocumentados antes de enfrentar arrestos, detenciones y multas impagables que arruinen sus historiales.

Abogados de inmigración en la Florida han expresado una profunda preocupación, advirtiendo que esta medida sumergirá en el terror y la bancarrota a comunidades vulnerables. Sin embargo, el DHS recordó que existe una alternativa pacífica para evitar la penalidad:

 DATO DE SERVICIO PÚBLICO DE NOTIJAX: La agencia reiteró que los inmigrantes pueden usar la aplicación CBP Home para solicitar su salida voluntaria del país. Bajo este programa piloto, el gobierno federal les otorga un vuelo de regreso gratuito a sus países de origen y un estipendio de asistencia económica de $2,600 dólares, preservando además la opción legal de intentar reingresar a los EE. UU. de la manera correcta en el futuro. Quienes ignoren las cartas de la corte y se queden, enfrentarán la multa de $18,000, el arresto y la expulsión inmediata.