Las principales organizaciones de derechos civiles de Estados Unidos anunciaron que interpondrán una demanda federal contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, por la «draconiana» ley SB 1718, que entró en vigor este 1 de julio y ha sido catalogada como «la ley migratoria más dura» del país, imponiendo graves castigos a los indocumentados, sus familias y sus empleadores, y que ha generado un destierro silencioso en el estado.
El Southern Poverty Law Center (SPLC), la American Civil Liberties Union (ACLU), el grupo Americans for Immigrant Justice y el American Immigration Council dijeron que interpondrían una demanda federal contra el gobernador de Florida, ya que la ley “representa una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado”.
“No solo viola los derechos fundamentales de las personas en el estado, sino que socava la riqueza cultural y las contribuciones económicas de los inmigrantes”, condenaron en un comunicado en conjunto.
La directora jurídica de litigios del American Immigration Council, Kate Melloy Goettel, explicó que “nuestra demanda busca garantizar los derechos fundamentales y la dignidad de cada individuo en el estado, independientemente de su estatus migratorio”.
Agregó que nadie debe vivir con miedo o enfrentar discriminación basada en su estatus migratorio o el de sus familias, por eso lucharán hasta que Florida vuelva a ser un estado amigrable con los migrantes, como históricamente ha sido.