El Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador llegó a su fecha límite oficial tras 25 años de vigencia. La administración estadounidense decidió dejar expirar el amparo humanitario otorgado originalmente en marzo de 2001 tras los devastadores terremotos que azotaron al país centroamericano.
La medida, reportada ampliamente por medios internacionales, afecta de forma directa a unos 170,000 inmigrantes salvadoreños. Al expirar la protección, los beneficiarios perderán automáticamente sus permisos legales de trabajo y la protección contra la deportación.
Organizaciones de derechos civiles y activistas advierten sobre un drama humanitario inminente, ya que miles de familias han echado raíces en Estados Unidos, teniendo hijos con ciudadanía estadounidense y enfrentando ahora el temor latente a la separación familiar o a ser expulsados hacia una nación que muchos ya no recuerdan.
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