El Departamento de Justicia ordenó a la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) que suspenda su práctica habitual de requisar a los pasajeros en los aeropuertos –y confiscarles dinero en efectivo– después de que el organismo de control interno del departamento expresara su preocupación por que se estuvieran produciendo violaciones generalizadas de los derechos civiles y un posible uso discriminación racial, lo que en inglés se llama racial profiling.
En una directiva emitida el jueves, la Oficina del Inspector General (IG) del Departamento de Justicia declaró que llevaba años recibiendo quejas sobre las requisas y que recientemente había recibido nueva información que sugería la existencia de problemas significativos, incluidas posibles violaciones constitucionales.
El IG encontró que el programa «crea riesgos sustanciales de que los agentes especiales de la DEA y los oficiales de la Fuerza de Tareas lleven a cabo estas actividades de manera inapropiada, pongan presión injustificada y violen los derechos civiles de viajeros inocentes». También concluyó que las requisas «malgastan recursos policiales en acciones de interdicción ineficaces».
En respuesta, la fiscal general adjunta Lisa Monaco ordenó que se suspendieran las requisas a la espera de una evaluación interna.
