Un juez federal en Florida dictó una orden que impide temporalmente que la administración Biden otorgue libertad provisional a inmigrantes indocumentados que entren en Estados Unidos ilegalmente, bajo libertad condicional humanitaria “con condiciones” (Parole with Conditions), lo que permite a las autoridades migratorias liberar a los inmigrantes bajo ciertas condiciones, si las instalaciones migratorias sufren hacinamiento.
El fallo responde a una demanda del gobierno de Florida que afirma que las autoridades estaban ignorando una ley federal que exige que los inmigrantes que ingresen ilegalmente al país sean detenidos y que se entabló precisamente cuando terminaba la aplicación del Título 42 en la frontera.
La puesta en libertad de extranjeros que piden asilo se basa en la aplicación de la política del ‘catch and release’, una norma que data de 1990 y que permite liberar a indocumentados en proceso de asilo que no representan una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos para que esperen en libertad la resolución de sus casos judiciales.
Las liberaciones se registran bajo el Programa Alternativo de Depención (ATD) administrado por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), donde los extranjeros deben solicitar una audiencia de fianza y son monitoreados con grilletes electrónicos, pulseras o teléfonos celulares para ser monitoreados permanentemente mientras se desarrollan sus procesos, que el algunos casos pueden demorar meses.
El juez Kent Wetherell bloqueó esta medida de emergencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que permitiría otorgar libertad condicional a los migrantes bajo custodia sin tener que presentarse ante las autoridades judiciales.
Wetherell, designado por el expresidente republicano Donald Trump (2017-2021), tomó la decisión el jueves, cuando finalizó el Título 42 que permitía la expulsión inmediata de migrantes indocumentados en Estados Unidos.
El bloqueo impuesto por el juez Wetherell sigue a un memorando de la Patrulla Fronteriza que plantea permitir la entrada de inmigrantes a EE.UU. para que queden en libertad condicional, lo que habitualmente se reserva a casos en los que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se enfrenta a problemas de hacinamiento.
El gobierno de Biden había defendido que la libertad condicional puede ser una alternativa necesaria y que una orden que la restringiera tenía el riesgo de provocar caos y poner en peligro la seguridad de la frontera y a los funcionarios fronterizos.
La administración de Biden se dirigió al juez Wetherell para indicarle que sigue existiendo un riesgo significativo de que el aumento de llegadas de inmigrantes sea lo suficientemente grande como para que estas medidas sean insuficientes para mitigar el riesgo de hacinamiento en las instalaciones fronterizas.
Efe