Un juez federal autorizó este jueves al gobierno de Donald Trump a implementar el requisito de que todas las personas indocumentadas en Estados Unidos se registren ante las autoridades, en una medida que tendría un amplio impacto entre los inmigrantes en todo el país.
El magistrado Trevor Neil McFadden falló así a favor del Ejecutivo, pese a que los grupos que presentaron la demanda judicial argumentaron que el único objetivo de la medida es facilitar el objetivo del presidente estadounidense de realizar deportaciones masivas.
El requisito, que entrará en vigor este viernes, ya había sido anunciado a finales de febrero por el Departamento de Seguridad Nacional. En un comunicado, advirtió entonces que quienes no se registraran o no llevaran la documentación de registro encima podrían enfrentar multas o incluso penas de prisión.
Las sanciones penales también aplicarán para los inmigrantes que no se registren en la plataforma, que no informen al gobierno federal de los cambios en su dirección y/o que no abandonen de manera voluntaria el país.
Huellas dactilares y dirección en el registro de indocumentados
El registro será obligatorio para todas las personas mayores de 14 años sin estatus migratorio legal en Estados Unidos, y que deberán proporcionar sus huellas dactilares y dirección. Los menores de dicha edad deberán ser registrados por sus padres o tutores legales.
Cuando anunció la medida hace dos meses, el gobierno ya solicitó a las personas afectadas que fueran creando una cuenta en el sitio web de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), donde podrán encontrar toda la información disponible sobre el proceso en la página https://www.uscis.gov/alienregistration
Cabe aclarar que el registro en el sistema no es un estado migratorio y la documentación de registro no establece autorización de empleo ni ningún otro derecho o beneficio, tal y como subrayó la USCIS.
Los grupos que presentaron la demanda judicial contra el registro argumentaron que su único objetivo expreso es facilitar el objetivo de Trump de llevar a cabo deportaciones masivas de personas que se encuentran en el país sin autorización.
Los demandantes también afirmaron que el gobierno debería haber realizado un proceso de notificación pública más largo antes de implementar el cambio. Además, criticaron que el registro pone en una situación muy difícil a quienes trabajan, contribuyen a la economía y tienen fuertes lazos familiares en Estados Unidos.