MIAMI, Florida — En una concurrida rueda de prensa bajo el sol del midday, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, junto al zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, anunció este jueves el cierre y desmantelamiento definitivo de «Alligator Alcatraz», el controversial centro de detención de inmigrantes construido en el corazón de los Everglades.

El complejo de carpas y trailers, levantado en tiempo récord en julio de 2025 sobre una pista aérea aislada a 80 kilómetros de Miami, operó durante casi un año como el símbolo más visible de la agresiva campaña de deportaciones masivas de la Administración Trump.

«Misión cumplida», asegura DeSantis

Durante su intervención, DeSantis defendió firmemente el polémico proyecto, que tuvo un costo estimado de 1.200 millones de dólares en fondos de los contribuyentes. El gobernador aseguró que la instalación cumplió con éxito el rol temporal para el que fue diseñada: asistir al gobierno federal cuando carecía de espacio de alojamiento.

«Alligator Alcatraz cumplió la función para la que fue diseñado», afirmó DeSantis. «Hoy cuenta con cero detenidos. Ayudó a sacar a muchísimas personas peligrosas de las calles, no solo de Florida, sino de los Estados Unidos. Sin duda, esta misión ha hecho al estado y al país más seguros».

Según los datos oficiales presentados por el mandatario, aproximadamente 21.000 migrantes fueron procesados y deportados a través de esta instalación en menos de un año. Las autoridades enfatizaron que el sitio albergó a delincuentes con un historial acumulado de 116 condenas por delitos graves (incluyendo narcotráfico, agresión y agresión sexual). Además, aclararon que los últimos reclusos que quedaban fueron transferidos a prisiones federales permanentes en otros estados.

Un año marcado por condiciones inhumanas y batallas legales

A pesar del mensaje de «misión cumplida» de la gobernación, el cierre definitivo ocurre tras meses de intensas protestas, denuncias humanitarias y demandas civiles.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos y abogados de inmigración denunciaron constantemente que el campamento operaba bajo condiciones insalubres y «crueles». Diversos testimonios de detenidos describieron un panorama alarmante: carpas masivas repletas de literas en medio de un calor sofocante, fallas constantes en los sistemas de aire acondicionado, plagas extremas de mosquitos e insectos debido al pantano circundante, comida en mal estado y baños colapsados con residuos fecales. Asimismo, se criticó duramente el aislamiento geográfico que impedía a los migrantes tener acceso oportuno a representación legal o servicios médicos.

A la par de las denuncias humanitarias, grupos ambientalistas como Friends of the Everglades mantuvieron demandas activas en las cortes, argumentando que el centro se construyó sin las evaluaciones de impacto ni los permisos ambientales requeridos, afectando el frágil ecosistema nocturno de los humedales y perturbando terrenos sagrados de la tribu indígena Miccosukee.

El factor climático y el futuro del terreno

Aunque la presión legal fue constante, el motivo logístico detrás del desalojo final —iniciado a mediados de junio— fue la seguridad ante la actual temporada de huracanes, ya que la infraestructura de carpas y estructuras temporales resultaba sumamente vulnerable en plena zona de tormentas de los Everglades.

Tras el anuncio del desmantelamiento de las vallas y carpas, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, anunció una propuesta para vender los terrenos al Servicio de Parques Nacionales con el fin de destinarlos a la conservación ecológica permanente. «Tenemos la oportunidad de proteger estas tierras para la restauración de los Everglades y asegurar que permanezcan resguardadas para las próximas generaciones», declaró la alcaldesa.

Con este cierre se pone fin al experimento carcelario más costoso y debatido de Florida en los últimos años, dejando un profundo debate político sobre los límites de las políticas de control migratorio en los Estados Unidos.