Un gran jurado estatal concluyó que la administración del gobernador Ron DeSantis «malversó» fondos públicos al desviar dinero de un acuerdo de Medicaid a la fundación sin fines de lucro Hope Florida Foundation de la primera dama Casey DeSantis, y en última instancia a comités políticos que hicieron campaña en contra de dos enmiendas constitucionales en 2024.

Según un informe filtrado esta semana, la entonces fiscal general Ashley Moody autorizó la transferencia de 10 millones de dólares a la Fundación Hope Florida. Dichos 10 millones se repartieron entre las organizaciones sin fines de lucro Secure Florida’s Future y Save Our Society From Drugs. Estas organizaciones transfirieron fondos al Partido Republicano de Florida y a comités de acción política dirigidos por James Uthmeier, quien era jefe de gabinete de DeSantis en ese momento y a quien DeSantis nombró posteriormente fiscal general cuando designó a Moody como senadora. (Tanto Uthmeier como Moody se presentan a la reelección en noviembre).

El Fondo por la Libertad de Florida de Uthmeier se dedicó a oponerse a las propuestas electorales que habrían consagrado el derecho al aborto y legalizado la marihuana recreativa en la constitución estatal. Ambas no alcanzaron el umbral del 60% de aprobación por parte de los votantes.

A pesar de la conclusión del gran jurado, este afirmó que no podía presentar cargos penales contra nadie porque ningún testigo identificó a la persona responsable del plan. DeSantis desestimó el informe calificándolo de «farsa»