El gobernador Ron DeSantis celebró este jueves una mesa redonda en el sur de Florida, para seguir expresando su desaprobación de la “Ley de Abordaje y Reforma de la Política de Migración Ilegal (TRUMP)”, que la Legislatura de Florida aprobó el martes por la noche. Dijo que el proyecto de ley, que planea vetar, no aborda muchas de sus propuestas, incluida una que aborda las remesas internacionales o las transferencias de un individuo o familiar bien intencionado a otra persona u hogar en otro país.
“Muchas de estas personas de países del tercer mundo pueden ganar más aquí haciendo estos trabajos y podrían apoyar a sus propios países, por lo que pueden trabajar en negro y luego enviar dinero en forma de remesas a su país de origen”, dijo DeSantis.
“Si estás aquí legalmente como extranjero, envía remesas, pero si estás trabajando ilegalmente, entonces no deberían [enviarse] esas remesas. Si hicieras eso, eliminarías los incentivos para venir ilegalmente porque no podrían enviar las remesas”, dijo DeSantis. “La legislatura no quiere ocuparse de las remesas en absoluto”.
Las propuestas de DeSantis relacionadas con la inmigración incluyen:
- Exigir que las fuerzas del orden (a nivel municipal, de condado y estatal) tengan la máxima participación en cualquier programa para ayudar al gobierno federal con la aplicación de las leyes de inmigración.
- Establecer sanciones penales por entrada ilegal según la ley estatal
- Designar a un funcionario de inmigración estatal para supervisar la coordinación con las autoridades federales y el programa de transporte y deportación existente en Florida.
- Ampliar las facultades de los funcionarios locales y estatales para detener y deporten a personas que ingresaron al país ilegalmente
- Ampliar la definición de actividades relacionadas con pandillas para incluir grupos “peligrosos” de inmigrantes indocumentados
- Exigir la confirmación del registro de votantes de la ciudadanía estadounidense y la residencia en Florida
- Aumentar las sanciones para los inmigrantes indocumentados que cometan fraude electoral o proporcionen información falsa en el registro de votantes.
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