Según un estudio elaborado por la Universidad Georgetown reveló que la agencia federal encargada de las deportaciones maneja un sistema de vigilancia digital masivo que le permite acceso a casi todas las personas en Estados Unidos.
Los investigadores señalaron que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), una dependencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no solo ha estado desarrollando su propia capacidad para usar la vigilancia para llevar a cabo deportaciones, “sino que también ha desempeñado un papel clave en el impulso más grande del gobierno federal para acumular la mayor cantidad de información posible sobre todas nuestras vidas”.
“ICE ha creado una infraestructura de vigilancia que le permite obtener expedientes detallados sobre casi cualquier persona, aparentemente en cualquier momento”, precisa el informe.
Entre las preocupaciones, los investigadores señalan que “en sus esfuerzos por arrestar y deportar, ICE, sin ninguna supervisión judicial, legislativa o pública, ha accedido a conjuntos de datos que contienen información personal sobre la gran mayoría de las personas que viven en Estados Unidos, cuyos registros pueden terminar en manos de las autoridades de inmigración simplemente porque solicitan licencias de conducir o registros de servicios públicos locales para obtener acceso a calefacción, agua y electricidad”.
“ICE ha construido su sistema de vigilancia cruzando líneas legales y éticas, aprovechando la confianza que las personas depositan en las agencias estatales y los proveedores de servicios esenciales y explotando la vulnerabilidad de las personas que ofrecen voluntariamente su información para reunirse con sus familias”, se lee en el reporte.
A pesar del increíble alcance y las evidentes implicaciones para los derechos civiles de las prácticas de vigilancia de ICE, “la agencia ha logrado ocultar esas prácticas en un secreto casi total, evadiendo la aplicación incluso de un puñado de leyes y políticas que podrían invocarse para imponer limitaciones”, precisaron.
“Los legisladores federales y estatales, en su mayoría, aún tienen que confrontar esta realidad”, advierte el informe.