Una tarde de finales de marzo, un oficial de Pesca y Vida Silvestre de Florida se detuvo ante una pareja guatemalteca que paseaba a su perro en un parque en la próspera comunidad costera de Bonita Springs, a lo largo de la costa del Golfo. Desde su automóvil pidió ver la identificación del marido y luego les ordenó que se dirigieran hacia la salida del parque, según la esposa.
Cuando llegaron al estacionamiento, el oficial arrestó al esposo por un cargo falso, dijo su esposa, quien habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para ella y su esposo de 48 años porque no quería correr el riesgo de ser detenida también o poner en riesgo cualquiera de sus casos de asilo pendientes.
“Nos dijo que estaba poniendo una multa porque el perro lo había mordido, pero eso no era cierto porque el oficial nunca salió del auto”, dijo. “Comenzó a hacer llamadas, lo arrestó y esperó 40 minutos” a que llegaran agentes federales de Inmigración y Aduanas y se llevaran a su marido.
La represión migratoria de Trump ha encontrado una feroz resistencia en las ciudades santuario lideradas por los demócratas, donde la policía tiene prohibido ayudar, los funcionarios electos han respondido y los residentes locales han tratado de defender a sus vecinos inmigrantes silbando la alarma, grabando videos con teléfonos celulares y reprendiendo a los agentes federales enmascarados que muchos consideran una fuerza invasora.
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Sin embargo, ese no ha sido el caso en Florida, liderada por los republicanos, donde 347 agencias estatales y locales se han comprometido a participar en la represión y han desatado una avalancha de arrestos de inmigrantes. Entre ellos se encuentran los departamentos de policía y del sheriff, la Guardia Nacional de Florida y la Patrulla de Caminos, pero también otros aparentemente tan improbables como la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre del estado y la Lotería de Florida.
El aumento de los arrestos de inmigrantes en Florida durante el segundo mandato de Trump ha pasado desapercibido en gran medida para el público, ya que muchos comienzan con detenciones policiales comunes y corrientes de tráfico, el público parece apoyar más la iniciativa y las agencias estatales y locales participantes están rechazando rotundamente las solicitudes de registros de arrestos y videos de cámaras corporales a instancias del Departamento de Seguridad Nacional.
Los arrestos por inmigración se triplican
Casi 39.000 inmigrantes fueron arrestados en Florida en los 416 días que comenzaron el 20 de enero de 2025, el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, hasta el 11 de marzo de 2026, el último día para el cual había datos disponibles en un conjunto proporcionado al Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California, Berkeley, y analizado por la AP. Durante los 416 días anteriores de la administración Biden, hubo 11.088. En promedio, Florida registró 93 arrestos diarios durante ese período liderado por Trump, solo detrás de los 239 registrados por Texas, que comparte la frontera más larga del país con México.
El gobernador republicano Ron DeSantis ha defendido el impulso de Florida para asociarse con ICE a través de los llamados acuerdos 287(g), que otorgan poderes de aplicación de la ley de inmigración a las agencias estatales y locales, permitiéndoles interrogar a los inmigrantes bajo su custodia y detenerlos para una posible deportación. Y están bajo presión para cumplir, dicen los expertos.
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“Hay muchos agentes que han sido delegados, se les ha otorgado autoridad de inmigración, y simplemente están buscando personas”, dijo la abogada de inmigración Vilerka Bilbao, que representa al menos a 23 clientes detenidos por la policía local en el área de Jacksonville. «Están arrestando a cualquiera; necesitan mostrar los números a DeSantis y al gobierno federal».
Los agentes detienen los vehículos con un “pretexto” (como una luz trasera rota o un vidrio polarizado demasiado oscuro) “y luego terminas bajo custodia de ICE”, dijo Bilbao.
Un padre y un hijo son deportados
El 15 de febrero, los agentes del sheriff del condado de Lee detuvieron a un guatemalteco de 44 años y a su hijo de 21 en las afueras de Fort Myers. Se acercaron a los dos en el estacionamiento de una tienda, les dijeron que su placa estaba vencida y les ordenaron que salieran de su auto a pesar de que sus etiquetas eran válidas hasta el 25 de marzo, según la esposa del hombre mayor y la madre del hombre más joven.
La mujer, una solicitante de asilo guatemalteca de 40 años que habló bajo condición de anonimato para ella y su familia debido a preocupaciones por su seguridad y la seguridad de sus tres hijos que aún estaban con ella en Florida, dijo que su esposo y su hijo adulto fueron detenidos y deportados a Guatemala una semana después, dejando atrás a ella, a sus dos hijos menores de edad y a su hija, que es ciudadana estadounidense.
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Dijo que su esposo y su hijo adulto tenían casos pendientes en la corte de inmigración pero fueron detenidos de todos modos. Su esposo había asistido a tres audiencias en la corte de inmigración, pero se perdió una porque estaba en Miami, a unas 120 millas (193 kilómetros) al sur de Fort Myers, y no tenía dinero para llegar allí, dijo. Mientras tanto, su hijo estaba solicitando asilo, tenía una licencia de conducir válida y un permiso de trabajo.
El DHS cuestiona que el hombre y su hijo estuvieran legalmente en los EE. UU., diciendo que cruzaron la frontera ilegalmente en 2017 y tenían una orden final de deportación de 2019.
En el caso del hombre que paseaba a su perro, el DHS dijo que fue arrestado porque tenía dos órdenes finales de expulsión.
Una prueba de la Ley del Sol de Florida
En ambos casos, las agencias de Florida que iniciaron las detenciones (la Comisión de Pesca y Vida Silvestre y la Oficina del Sheriff del condado de Lee) se negaron a compartir los informes de arresto y las imágenes de las cámaras corporales con la AP, explicando que ICE les exige que le envíen todas las consultas sobre arrestos de inmigrantes.
ICE y DHS, su agencia matriz, se negaron a compartir los informes de arresto y las imágenes de las cámaras corporales, y el DHS explicó en una declaración: «No vamos a revelar inteligencia sensible de las fuerzas del orden».
Una directiva de ICE enviada a los socios de 287 (g) en Florida establece que “la información obtenida o desarrollada” bajo los acuerdos está “bajo el control de ICE” y no puede divulgarse sin la aprobación federal.
La directiva parece violar la antigua Ley Florida Sunshine, que fue aprobada en 1967 y supone que los registros son públicos a menos que estén específicamente protegidos. Sin embargo, la legislatura estatal conservadora ha creado exclusiones en los últimos años.
No es sólo Florida
Aunque Florida está a la vanguardia de la asociación en la represión, abriendo los centros de detención de inmigrantes “Alligator Alcatraz” y “Deportation Depot” el año pasado, la participación en el programa 287(g) se ha disparado, pasando de 135 acuerdos en 20 estados antes de que comenzara el segundo mandato de Trump a más de 1.700 en 41 estados y territorios.
El DHS anunció incentivos financieros para las agencias policiales estatales y locales, incluido el reembolso de salarios. Esto incluye hasta $7,500 para equipo para cada oficial que participe en los acuerdos, y hasta $100,000 para que las agencias compren vehículos nuevos.
El aumento posterior a los arrestos de inmigrantes en Florida; Las agencias estatales y locales están a la vanguardia apareció por primera vez en Jacksonville Today.