Una nueva medida firmada desde la Casa Blanca promete sacudir las finanzas de millones de inmigrantes en Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruye a bancos y reguladores financieros a endurecer inmediatamente la revisión migratoria de cualquier persona que solicite cuentas bancarias, tarjetas de crédito, préstamos de auto o hipotecas.
Según la administración, permitir acceso al sistema financiero a personas sin autorización legal de trabajo representa un supuesto riesgo masivo de fraude y evasión fiscal.
EN FINANZAS QUE ES EL ITIN ? ES LEGAL?
Pero el punto que más alarma está causando dentro de la comunidad hispana es el relacionado con el ITIN, el número utilizado legalmente por millones de personas sin seguro social para pagar impuestos, abrir cuentas y construir historial crediticio.
La nueva orden exige a bancos y agencias financieras rastrear posibles irregularidades relacionadas con el uso del ITIN y reforzar controles sobre movimientos sospechosos de dinero en efectivo.
Expertos advierten que esto podría impactar directamente a miles de familias trabajadoras que durante años lograron comprar casas, vehículos o abrir negocios utilizando historial financiero construido con ITIN.
Además, el gobierno ordenó perseguir con más agresividad pagos “por debajo de la mesa” y operaciones fuera del sistema bancario formal, obligando a instituciones financieras a reportar movimientos sospechosos relacionados con empleo informal o pagos en efectivo.
Aunque la orden estaría enfocada principalmente en nuevas solicitudes bancarias, también abre la puerta para que ciertas cuentas existentes puedan ser revisadas, congeladas o sometidas a solicitudes adicionales de documentación migratoria si detectan movimientos considerados irregulares.
A QUE MERCADOS AFECTA ESTA MEDIDA?
La medida podría provocar un fuerte impacto en el mercado inmobiliario, concesionarios de autos y pequeños negocios en estados como Florida, donde miles de inmigrantes dependen del ITIN para acceder al sistema financiero.
La Casa Blanca asegura que la orden busca proteger el sistema económico y evitar fraudes de identidad. Sin embargo, organizaciones defensoras de inmigrantes ya la califican como un intento de asfixiar económicamente a comunidades trabajadoras.
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