El fiscal general de Florida, James Uthmeier, presentó oficialmente una demanda de 5 millones de dólares contra la ciudad de Jacksonville acusando a funcionarios de mantener durante casi dos años un registro ilegal de propietarios de armas.
Según la demanda, desde julio de 2023 hasta abril de 2025, personas con permisos legales de portación oculta debían escribir su nombre, edad, identificación estatal y tipo de arma al entrar al City Hall y al edificio Yates.
La alcaldesa Donna Deegan aseguró que su administración nunca autorizó esa práctica y afirmó que el registro fue eliminado inmediatamente al descubrirse el problema.
El estado ahora busca aplicar la penalidad máxima permitida bajo la ley de Florida.
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