La ciudad de Jacksonville enfrenta ahora una demanda estatal de 5 millones de dólares después de que se descubriera que empleados municipales mantenían registros escritos con información de ciudadanos que ingresaban armados a edificios gubernamentales.

Según las acusaciones, los registros incluían nombres y detalles de personas que portaban armas legalmente al entrar al Ayuntamiento y otras instalaciones municipales entre 2023 y 2025. La ley estatal de Florida prohíbe expresamente que gobiernos locales creen listas o bases de datos de propietarios de armas.

La oficina del Fiscal General James Uthmeier asegura que la práctica violó directamente una ley estatal aprobada en 2004 para proteger la privacidad de los dueños de armas. Mientras tanto, la alcaldía de Jacksonville afirmó que los líderes municipales desconocían la existencia de esos libros y que ordenaron destruirlos inmediatamente después de enterarse.

El caso ya está generando enorme controversia política porque podría convertirse en una de las sanciones más grandes relacionadas con derechos de armas en la historia reciente de Florida.

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