Una jueza federal volvió a rechazar los argumentos del estado de Florida y ordenó que los inmigrantes detenidos en el polémico centro conocido como “Alligator Alcatraz” tengan acceso confidencial y sin grabaciones a sus abogados. La corte también exigió más teléfonos disponibles para los detenidos, con al menos uno por cada 25 personas, además de visitas legales sin tantas restricciones.

El centro, construido en una zona remota de los Everglades rodeada de caimanes y serpientes, ha sido criticado por supuestas malas condiciones, problemas de comunicación y obstáculos para que los abogados puedan reunirse con sus clientes. Florida alegó que cumplir con estas medidas era demasiado costoso y que la orden judicial afectaba su autoridad, pero la jueza Sheri Polster Chappell rechazó esos argumentos.

Mientras tanto, abogados y organizaciones civiles aseguran que algunos detenidos eran trasladados antes de poder reunirse con sus defensores y que las llamadas legales no eran privadas. También trascendió que el estado estaría reduciendo progresivamente operaciones dentro del complejo tras la creciente presión pública y legal.

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