La Cámara de Representantes aprobó la madrugada del viernes un amplio proyecto de ley social y ambiental a un costo $1,900 millones impulsado por los legisladores demócratas. El plan fue aprobado por 220-213 votos.

El proyecto de ley incluye protección ante la deportación a millones de inmigrantes no autorizados, quienes recibirían permisos de trabajo temporales renovables.

Ocho meses después de haber aprobado dos iniciativas de ley que incluían un camino a la ciudadanía para millones de dreamers, titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) y trabajadores agrícolas, la Cámara Baja redujo el viernes pasado las expectativas a una residencia temporal que permitirá a entre 7 y 8 millones de beneficiarios viajar fuera de Estados Unidos y regresar conservando el mismo estatus.

Esta medida, conocida como Plan C, fue incluida en el ambicioso plan de gasto social del presidente Joe Biden aprobado en la Cámara de Representantes y que ahora será enviado al Senado para su luz verde final.

Su futuro allí es más incierto que en la Cámara Baja. Demócratas y republicanos tienen 50 votos cada uno y el empate lo rompe la vicepresidenta, Kamala Harris. Pero la Casa Blanca no ha asegurado todos los votos de la bancada oficial y eso amenaza con echar por tierra los planes del mandatario.

La cláusula de inmigración fue añadida al paquete de presupuesto de 1.75 billones de dólares, que agregaría 100,000 millones de dólares para financiar cambios migratorios, entre los que figuran la legalización temporal de millones de indocumentados, la modernización de programas y la aceleración de procesos.

Biden prometió durante su campaña que presentaría al Congreso una reforma migratoria para sacar de las sombras a la mayoría de los 11 millones de indocumentados que viven en el país. Pero los esfuerzos se han visto truncados por falta de apoyo republicano y la incertidumbre de al menos dos legisladores demócratas en el senado, Kyrsten Sinema, de Arizona, y Joe Manchin, de Virginia Occidental.

En vista de la negativa de la oposición y la incertidumbre en la Cámara Baja, el liderazgo demócrata, con la aprobación de la Casa Blanca, ha ido desmenuzando el plan original hasta reducirlo a un plan C que deja fuera la residencia legal permanente (‘Green Card’) y le cierra la puerta a la ciudadanía estadounidense por naturalización.

Para Stephen Yale-Loehr, profesor de la facultad de Derecho de la Universidad Cornell, “el proyecto de ley de presupuesto de 2,135 páginas incluye una serie de disposiciones de inmigración importantes, entre ellas hasta 10 años de autorización de trabajo y protección contra la deportación para personas indocumentadas que viven en Estados Unidos”.

“El proyecto de ley también le daría al Departamento de Seguridad Nacional 2,800 millones de dólares para ayudar a procesar las solicitudes de inmigración y reducir los retrasos en el procesamiento de casos (…) y recuperaría las tarjetas de residencia basadas en el empleo y en la familia que no se hayan utilizado y que, de otro modo, expirarían al final de cada año”, agregó.

“Si se promulga tal como está, el proyecto de ley de la Cámara no ofrecería un camino hacia la legalización para los aproximadamente 10 millones de no ciudadanos que carecen de estatus migratorio. Sin embargo, las disposiciones sobre inmigración del proyecto de ley de la Cámara de Representantes seguirían constituyendo los cambios de inmigración más importantes en décadas y proporcionarían un comienzo para arreglar nuestro quebrado sistema de inmigración”, dijo Yale-Loehr.

Fuente: Univisión

Translate »